En la previa de una sesión clave para el Gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció cambios de último momento en el proyecto conocido como Ley de Tierras.
La principal modificación establece un tope del 25% para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.
“Pusimos un límite del 25% a la compra de tierras para extranjeros”, explicó Bullrich. Además, aclaró que los Estados extranjeros no podrán adquirir terrenos dentro del territorio argentino.
La senadora defendió el proyecto frente a los cuestionamientos vinculados con la soberanía y aseguró que el texto fue consensuado con el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.
Registro obligatorio en las provincias
El nuevo dictamen también dispone que toda compra de tierras rurales realizada por una persona humana o jurídica extranjera deberá inscribirse en el registro inmobiliario de la provincia correspondiente.
La anotación tendrá que incluir los datos y la nacionalidad del comprador, con el objetivo de reforzar el control sobre este tipo de operaciones.
En el caso de empresas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración u otras figuras asociativas con participación estatal extranjera directa o indirecta, será necesaria la autorización conjunta de la Nación y de la provincia involucrada.
Bullrich sostuvo que el esquema acerca la legislación argentina al modelo aplicado en Brasil y afirmó que busca terminar con las dudas alrededor del alcance de la norma.
Cambios en el régimen de expropiaciones
La iniciativa también modifica la Ley 21.499, que regula las expropiaciones.
El proyecto mantiene la posibilidad de declarar un bien de utilidad pública, pero exige que esa decisión se aplique con un criterio restrictivo y detalle expresamente el objetivo que la justifica.
Además, establece que una expropiación solo podrá avanzar cuando resulte una medida adecuada, necesaria y proporcional para alcanzar el interés público invocado.
Con estas modificaciones, el oficialismo busca asegurar los votos necesarios para aprobar una de las iniciativas que considera centrales dentro de su agenda de defensa de la propiedad privada.
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