El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial que ordenó poner en funcionamiento de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional parte del decreto con el que el Ejecutivo había condicionado su aplicación.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.
Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que el Gobierno buscará ahora que sea revisada por una instancia superior.
Qué resolvió la Justicia
Cormick cuestionó una cláusula del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la ley después de que el Congreso rechazara el veto presidencial.
Ese decreto establecía que la ejecución de la norma quedaba condicionada a la definición de las fuentes presupuestarias necesarias para financiarla.
El juez consideró que ese mecanismo implicaba, en los hechos, impedir la aplicación de una ley que había sido sancionada nuevamente por ambas cámaras después del veto.
Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las reglamentaciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
El argumento presupuestario del Gobierno
La posición del Ejecutivo es que el Congreso aprobó una norma que implica un incremento del gasto público sin determinar de manera suficiente de dónde debían salir los recursos.
Por eso, la Casa Rosada había subordinado su implementación a la identificación de las partidas correspondientes.
Cormick rechazó esa interpretación y sostuvo que la propia ley ya incluye herramientas para afrontar el financiamiento.
En particular, mencionó su artículo 9, que permite realizar adecuaciones presupuestarias y utilizar determinados ingresos que superen las previsiones originales, siempre que no se afecten recursos coparticipables de las provincias ni aportes del Tesoro Nacional.
Qué establece la ley
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario contempla distintos mecanismos para actualizar los recursos destinados al sistema universitario público.
Entre otros puntos, establece recomposiciones para los gastos de funcionamiento de las universidades, los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
También contempla financiamiento para investigación, infraestructura, equipamiento, tecnología y actividades de extensión universitaria.
Según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso mencionada en el fallo, el costo fiscal de la norma para 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI.
Una disputa que comenzó en 2025
El conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la iniciativa.
El presidente Javier Milei vetó la ley, pero Diputados y el Senado alcanzaron posteriormente las mayorías necesarias para insistir con su sanción.
Ante esa situación, el Ejecutivo promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, aunque introdujo la condición presupuestaria que posteriormente fue cuestionada por las universidades ante la Justicia.
Salarios y becas ya habían llegado a la Justicia
La discusión judicial no comenzó con esta sentencia.
En diciembre de 2025, Cormick ya había dictado una medida cautelar que ordenaba aplicar los artículos vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles.
Esa cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado porque todavía no existía una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto. Como consecuencia, la medida cautelar quedó firme.
El juez sostuvo que hubo un cumplimiento parcial
Durante los últimos meses, el Gobierno presentó documentación para acreditar que había comenzado a ejecutar parte de las obligaciones.
Entre las medidas informadas aparecieron negociaciones paritarias, aumentos salariales, transferencias y actualizaciones de algunas partidas.
Sin embargo, Cormick consideró que esas acciones no alcanzaban para demostrar un cumplimiento completo de la cautelar.
A fines de septiembre volvió a intimar al Estado para que avanzara con la actualización de salarios y becas y advirtió sobre la posibilidad de imponer multas por cada día de demora.
El conflicto ahora pasa a una instancia superior
La decisión conocida este martes amplía la discusión: ya no se trata solamente del cumplimiento provisional de determinados artículos, sino del cuestionamiento de fondo al mecanismo mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de toda la ley.
El Gobierno confirmó que apelará esa resolución.
Por lo tanto, el fallo todavía no representa el cierre definitivo del conflicto judicial. Una instancia superior deberá analizar ahora si mantiene o modifica la decisión de Cormick.
Mientras tanto, continúa el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las universidades por salarios, becas y recursos destinados al funcionamiento del sistema público universitario.
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