El presidente Javier Milei firmó los decretos y las primeras medidas anunciadas en cadena nacional por la cuestión Malvinas. Las normas fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial y forman parte de un paquete que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina y reforzar las capacidades estratégicas del Estado en el Atlántico Sur.
La segunda etapa llegará al Congreso. El Gobierno prevé enviar la próxima semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluirá cambios en el régimen sancionatorio, nuevas herramientas de Seguridad Nacional y mayores controles sobre compañías vinculadas con actividades en las islas.
La Casa Rosada decidió concentrar todas las modificaciones en una única iniciativa y descarta, por el momento, dividirlas en diferentes proyectos.
Nuevas sanciones para las petroleras que operen en Malvinas
El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Los organismos públicos tendrán cinco días hábiles para informar posibles infracciones. Una vez iniciado un sumario, los investigados dispondrán de diez días para presentar su descargo.
La medida también incorpora controles adicionales para las compañías que pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o conseguir permisos, concesiones y habilitaciones vinculadas con la actividad petrolera.
Las empresas deberán presentar declaraciones juradas asegurando que tanto ellas como sus socios no desarrollan ni desarrollarán actividades prohibidas por la legislación argentina. Cancillería, además, deberá intervenir antes de que determinadas solicitudes puedan ser aprobadas.
Más recursos para Defensa, Inteligencia y la CONAE
En paralelo, el Decreto 867/2026 modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para reforzar partidas destinadas a salarios, Inteligencia, Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
La modificación fue instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
El Gobierno argumentó que necesitaba una respuesta inmediata para garantizar el funcionamiento de distintas áreas y evitar riesgos sobre la prestación de servicios esenciales. El DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
En materia de Defensa, los recursos estarán orientados principalmente a la incorporación, recuperación y modernización de equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Tierra del Fuego, uno de los puntos estratégicos
Una de las prioridades será avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
El objetivo oficial es transformar el complejo austral en un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur y aumentar la capacidad argentina de proyección hacia la Antártida.
El paquete vincula así la cuestión Malvinas con una estrategia más amplia que contempla recursos naturales, infraestructura crítica, vigilancia marítima y aeroespacial, comunicaciones y capacidades militares.
Qué incluirá la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso concentrará los cambios de mayor alcance.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías involucradas en operaciones no autorizadas y ampliar las consecuencias a proveedores vinculados con esas empresas.
También buscará impedir que los infractores puedan contratar con el sector público y con empresas privadas dentro de la Argentina.
El texto incorporará, además, la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda y extenderá el régimen sancionatorio a otras actividades realizadas en las islas que puedan afectar recursos naturales reclamados por la Argentina.
De esta manera, el Gobierno pretende establecer herramientas que no estén limitadas exclusivamente al proyecto petrolero Sea Lion.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que articulará las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El organismo tendrá como objetivo definir una política transversal para el Estado y establecer un marco de protección de infraestructura crítica y vigilancia aeroespacial y marítima.
Milei también solicitará al Congreso facultades para que el nuevo Consejo pueda aplicar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
El paquete anunciado por el Gobierno queda así dividido en dos etapas: los decretos ya están vigentes, mientras que las modificaciones estructurales dependerán ahora del Congreso.
La Casa Rosada buscará aprovechar el amplio consenso político alrededor del reclamo argentino por Malvinas para acelerar el tratamiento legislativo y contar con las nuevas herramientas antes de que avance la explotación petrolera que el Ejecutivo cuestiona en la Cuenca Malvinas Norte.
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