El Gobierno de Javier Milei enfrenta un conflicto interno sobre cómo avanzar en la designación de Ariel Lijo y José García-Mansilla para completar la Corte Suprema. Mientras Milei evalúa nombrarlos por decreto en comisión, el senador José Mayans, de Unión por la Patria, se opone y asegura contar con los votos para rechazar estas designaciones en el Congreso.
Lijo, reconocido por su respaldo en amplios sectores judiciales, y García-Mansilla, defensor de posturas liberales y del derecho de propiedad, son claves para Milei en su estrategia de reforzar su agenda judicial y cultural. Sin embargo, el tiempo apremia: el período ordinario de sesiones termina mañana, lo que dejaría el Congreso en receso.
Según la Constitución, los jueces nombrados en comisión por decreto podrían permanecer hasta el 30 de noviembre de 2025, pero este camino podría enfrentar resistencia política. La alternativa sería negociar los pliegos en sesiones extraordinarias, logrando apoyo en el Senado, donde Unión por la Patria propone aceptar a Lijo pero cambiar a García-Mansilla por un candidato más consensuado.
La opción más viable parece ser avanzar con una ampliación de la Corte para incluir estos y futuros nombramientos, mientras las tensiones entre oficialismo y oposición continúan en aumento.
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