El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma electoral que eliminaría el financiamiento público de las campañas políticas y los espacios gratuitos en medios audiovisuales. La iniciativa, incluida en las sesiones extraordinarias de febrero, modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, alineándose con la política de reducción del gasto estatal.
Además, el proyecto propone aumentar el límite de los aportes privados hasta el 35%, frente al 2% actual, permitiendo que personas físicas y jurídicas financien en mayor medida las campañas. Esta reforma favorecería la privatización del financiamiento electoral, beneficiando a los partidos con mayores recursos económicos y dificultando la competencia para aquellas fuerzas políticas con menos acceso a fondos privados.
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