La jueza bonaerense Marta Elba Pascual fue denunciada penalmente después de haber suspendido por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la nueva ley que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La presentación fue realizada por la asociación civil Usina de Justicia, que acusa a la magistrada de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
Por qué denunciaron a la jueza Marta Pascual
Usina de Justicia cuestionó la legalidad de la resolución y sostuvo que la magistrada se habría excedido en sus atribuciones al suspender temporalmente los efectos de una ley penal nacional.
En la denuncia calificaron la decisión como “arbitraria y contraria a Derecho” y argumentaron que afecta la división de poderes.
Uno de los principales cuestionamientos es que, según los denunciantes, la resolución se habría basado en un riesgo hipotético y no en una lesión concreta o un peligro inminente sobre los derechos de los adolescentes.
También sostuvieron que la magistrada no habría analizado adecuadamente el texto definitivo aprobado por el Congreso antes de ordenar la suspensión.
El debate sobre las penas previstas en la nueva ley
Otro de los argumentos de la denuncia está relacionado con las penas que contempla el nuevo régimen penal juvenil.
Usina de Justicia destacó que el artículo 19 prohíbe aplicar prisión o reclusión perpetua a adolescentes y establece que una pena privativa de la libertad no puede superar los 15 años.
La organización también señaló que la legislación contempla medidas alternativas a la prisión y mecanismos que, bajo determinadas condiciones, permiten sustituir penas privativas de libertad.
Por ese motivo, rechazó el argumento de que la entrada en vigencia de la norma necesariamente provocaría un aumento considerable de adolescentes detenidos.
Acusan a la jueza de excederse en sus facultades
La presentación sostiene que un magistrado no puede suspender con alcance general la aplicación de una ley penal de fondo sancionada por el Congreso.
Según la interpretación de los denunciantes, la resolución provoca además una diferencia temporal entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones donde resulte aplicable el nuevo régimen.
Usina de Justicia llegó a comparar los efectos de la decisión con “alguna especie de amnistía de manera impropia” y argumentó que una determinación de ese alcance corresponde al Poder Legislativo nacional.
La denuncia abre ahora un nuevo frente judicial alrededor de la reforma del régimen penal juvenil. Las acusaciones contra Pascual deberán ser evaluadas por la Justicia y la presentación, por sí sola, no implica que se haya determinado la existencia de los delitos que le atribuye Usina de Justicia.
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