El presidente Alberto Fernández, funcionarios, legisladores, dirigentes políticos y partidos advirtieron que hoy se cumple “un año de impunidad” al recordar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, y exigieron a la Justicia “el total esclarecimiento del ataque”.
En la red social X (ex Twitter), Alberto Fernández recordó que “un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner” y sostuvo que se trató de “un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática”.
Al respecto, señaló que “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.
“Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia”, reclamó.
El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, también se solidarizó con la expresidenta y pidió que “se haga justicia”.
“Mi solidaridad y pedido de justicia de ese hecho para la Vicepresidenta”, dijo el candidato durante un acto en la ciudad entrerriana de Paraná.
Massa remarcó que “el intento de magnicidio” sucedió “en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, una huida de un ministro y una crisis económica”.
“Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio”, cerró.
En un tuit que publicó más tarde en la red social X, el candidato a presidente de UxP manifestó: “A un año del atentado a @CFKArgentina, quiero expresar mi solidaridad con ella y su familia en un día tan difícil, insistir en el reclamo de justicia y repudiar la violencia política en todas sus formas y expresiones”.
“Creo en una Argentina unida, en paz y sin odios, en la que todos y todas trabajemos para sacar el país adelante”, remarcó Massa en su posteo.
Por su parte, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo que el intento de magnicidio mostró “la cara más extrema de una violenta campaña de persecución judicial y mediática, estigmatización y odio que se propuso, sin éxito, amedrentarla y eliminarla de la escena política”.
En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó: “Ese primero de septiembre, una bala que no salió nos hirió a todos y a todas”.
“Se cumple un año del intento de asesinato a @CFKArgentina. Se cumple #UnAñoDeImpunidad”, publicó en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro, y posteó el documental difundido anoche por la agrupación La Cámpora, con el título “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que recuerda un titular del diario Clarín.
Ese mismo documental fue retuiteado hoy por la vicepresidenta, quien lo consideró parte de los “testimonios documentales” del intento de magnicidio.
La dos veces mandataria también compartió el video que ayer publicó el dirigente social Juan Grabois, en el que analizó que “los elementos vinculados” al atentado “se entrelazan con los candidatos de la ultraderecha”, Patricia Bullrich y Javier Milei.
El Partido Justicialista, en tanto, exigió en un comunicado “una vez más a la Justicia que avance rápidamente en determinar y condenar a todos los responsables, materiales e intelectuales, de este lamentable hecho que marcó el regreso de la violencia política a la Argentina”.
“El atentado contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de nuestro país fue una muestra de las consecuencias de la persecución y el hostigamiento que se mpulsa hacia su figura y las ideas que representa desde algunos medios de comunicación y espacios políticos”, señaló.
El PJ afirmó que el “Poder Judicial sigue en deuda para avanzar en la investigación de las conexiones entre los ejecutores del atentado y ciertos actores económicos y políticos vinculados a la oposición” y dijo que “frente a un hecho de esta gravedad, no podemos admitir la desidia y la complicidad de jueces y fiscales”.
El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, por su parte, sostuvo en sus redes sociales que “a un año del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, no podemos naturalizar una serie de hechos que son preocupantes y que reflejan un verdadero retroceso para el conjunto de los argentinos y las argentinas”.
“De la dolorosa experiencia de la dictadura aprendimos que el respeto a la vida está por encima de cualquier diferencia”, señaló el ministro y agregó que “la democracia parte de la premisa de que la violencia política y la eliminación del adversario no es una opción”.
De Pedro afirmó que “la democracia está en riesgo” y refirió que “hay pruebas y evidencias de la vinculación de los responsables materiales de este atentado con sectores de la política vinculados al macrismo”.
Consideró que “fue muy llamativo ver la falta de repudio por parte de algunos dirigentes, pero más preocupante es que a un año de lo ocurrido, un Poder Judicial cada vez más opaco y desprestigiado no le haya explicado a los argentinos y las argentinas qué pasó y quiénes fueron los responsables”.
“Si la vicepresidenta en ejercicio y dos veces presidenta de la Nación no puede esperar que se esclarezca ni más ni menos que el intento de su asesinato… ¿Qué puede esperar de la Justicia el resto de la sociedad?”, concluyó el titular de la cartera de Interior.
El ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo que, “a 1 año del atentado contra la Vicepresidenta, la Justicia Federal solo garantizó impunidad” y remarcó que “la Argentina necesita recuperar un Poder Judicial que investigue y condene a quienes atacan a la Democracia”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de Twitter que se trató del “acto de violencia política más grave desde el retorno de nuestra democracia” y consideró que fue “el emergente más extremo de un proceso de violencia que se venía gestando con anterioridad y que, lamentablemente, no cesó en aquel momento”.
“Cristina fue -y sigue siendo- atacada en su carácter de mujer, de madre, de militante, de referente política y social. Esos ataques, sustentados en la naturalización del odio y la deshumanización del adversario político que ciertos sectores decidieron utilizar como instrumentos de poder en el marco de la disputa política, encontraron en el intento de magnicidio su expresión más cabal”, definió Moreau.
Uno de los gobernadores que se expresaron fue el bonaerense Axel Kicillof, quien aseguró que “pasó un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho, cuando sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto”.
El jefe de senadores del FdT, José Mayans, consideró que “fue un milagro que no hayan matado” a la vicepresidenta y calificó de “gravísima” la falta de investigación del caso, que “fue menoscabado por algunos medios en los que se pretendió demostrar que era un hecho falso”.
“Lo primero que hicieron fue impedir la investigación del hecho. Ella me dijo que no se había dado cuenta de que le habían disparado y lo primero que dijeron algunos fue que fue un falso atentado para victimizarla”, expresó el senador en diálogo con El Destape Radio.
El Partido Solidario (PSOL) que preside el diputado del FdT Carlos Heller calificó el intento de magnicidio como “el acontecimiento más grave de los 40 años ininterrumpidos de democracia” y “el punto más alto de la violencia política en el país”.
En esa línea se expresó el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, que repudió el hecho y resaltó que el “pedido de justicia debe ser unánime”.
Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz y cuñada de Cristina Fernández, escribió: “A #UnAñoDeImpunidad seguimos reclamando justicia y garantías de seguridad. La violencia política y la arbitrariedad judicial atentan contra ella (Cristina Kirchner), y contra gran parte del pueblo argentino al proscribirla, restringiendo el derecho democrático de tenerla como representante”.
El ministro de Educación, Jaime Perczyk, escribió que en este aniversario “seguimos pidiendo que la justicia profundice la investigación hasta las últimas consecuencias”, mientras que la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, consideró que “no fue un hecho aislado, fue parte de una violencia política creciente hacia las mujeres con voz pública y participación política. Fue un atentado a la democracia”, apuntó.
Asimismo, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, reclamó que “se esclarezca el ataque a nuestra Vicepresidenta” al mismo tiempo que el senador porteño Mariano Recalde resaltó que “la misma Justicia que la proscribió, encubre a los que idearon y financiaron el ataque”.
En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que hace un año se “sufrió uno de los hechos más violentos que vivimos en la historia de la Argentina en democracia” y agregó: “Ante el intento de magnicidio, exigimos que la justicia investigue a fondo los hechos y que los responsables intelectuales y materiales sean juzgados y cumplan su condena”.
Germán Martínez, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, enfatizó que “se sigue exigiendo celeridad en la justicia para que se esclarezcan los culpables intelectuales y materiales”.
Por su parte, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, exigió “el total esclarecimiento del ataque a la Vicepresidenta y líder de nuestro movimiento” y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también se sumó a la etiqueta en redes “#unañodeimpunidad”.
Asimismo, la senadora nacional Juliana Di Tullio analizó: “Tres veces elegimos, la enorme mayoría de los argentinos, a esta mujer para que conduzca los destinos de la patria. Intentaron matarla hace un año y la jueza no quiere que la víctima ni el país, sepamos qué pasó”.
El dirigente del Movimiento Evita y secretario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, sostuvo: “La Justicia nos debe una investigación seria y efectiva. Cuidar el orden democrático poniéndole límite a las expresiones extremas de odio debe ser un compromiso no solo de la sociedad, sino de los tres poderes republicanos”.
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