Tarjetas de la Legislatura: empleados nombrados hace casi 20 años que iban de bloque en bloque

Algunas de las tarjetas que le secuestraron a “Chocolate”/eldia

El escándalo por el cobro de sueldos en la Cámara de Diputados bonaerense se acrecienta con el correr de los días. Anoche se reveló que muchos de los empleados a los que Julio “Chocolate” Rigau les cobraba el sueldo, no sólo estaban contratados desde hace años sino que esa vinculación laboral fue solicitada tanto por el peronismo, por el Frente Renovador de Sergio Massa y Cambiemos, rebautizado Juntos por el Cambio.

Esos agentes fueron contratados a pedido de los diversos bloques. Una de las curiosidades en que en algún tiempo pertenecieron al esquema del peronismo y luego pasaron al de Cambiemos. También hay agentes cuyo contrato fue solicitado por el Frente Renovador e incluso quedaron algunos vinculados al viejo Paufe, el sector que supo liderar Luis Patti.

El canal de noticias TN reveló algunas de las identidades de estos empleados cuyas tarjetas les fueron secuestradas a “Chocolate” al momento de ser detenido en los primeros días de septiembre mientras extraía dinero en el cajero de 7 y 54.

Juan Martín Méndez es uno de los casos. Aparece, de acuerdo a la documentación existente en la causa, contratado desde 2016 a pedido del Frente Renovador. Pero luego, esa relación laboral continuó a través de Cambiemos.

Otro de los casos revelados tiene que ver con Ernesto Crivaro que según los registros surge que está designado desde 2006. Primero a pedido del PJ, luego de Cambiemos.

En una situación parecida aparece Marcelo Foloni, cuya relación laboral con la Cámara baja provincial data de 2004. Figura como vinculado al Frente para la Victoria y luego para Cambiemos.

Daniel Mederos es otro de los empleados cuya tarjeta de débito estaba en poder de “Chocolate”. En los registros aparece designado desde 2004 y con la misma operatoria: primero vinculado al FpV y luego a Cambiemos.

Paula Valdata es otra de las agentes que ingresó a instancias del Frente Renovador. En tanto, Cecilia Raimondo surge ligada al Paufe desde el año 2004.

Un dato coincidente que llama la atención es que actualmente todos estos casos aparecen destinados a un indeterminado “bloques políticos”. Es decir, no existe identificación precisa respecto de cuál es la bancada a la que están asignados estos contratos temporarios.

Se trata, en general, de sueldos elevados, de alrededor de 500 mil pesos. Así surge de las investigaciones que habían avanzado hasta que la Cámara Penal de La Plata dispuso cerrar la causa.

Acaso esta vinculación de empleados con distintos bloques ayude a explicar el pesado silencio político que rodea el caso.

Mientras tanto, el trámite judicial sigue a la espera de novedades.

La Cámara de Apelaciones de La Plata dictó en tiempo récord la anulación de la causa en una sentencia tan escandalosa como el silencio del oficialismo y la oposición.

Según trascendió en fuentes judiciales, la fiscal Betina Lacki estaba cerca de abrir el celular de Rigau, autorizada por el juez Federico Atencio, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó la liberación del puntero del PJ. La decisión de los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides generó un revuelo aún mayor, el pedido de jury y otra denuncia para que se investigue si incurrieron en algún delito.

La causa quedó en el aire a la espera de que el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, formalice la apelación. El tema podría terminar recalando en la Casación.

En medio de la polémica, el hecho podría transformarse en la punta del iceberg respecto de formas poco transparentes de contratación de personal en Diputados. Y acaso, de cómo se financia la política.