La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará en una etapa decisiva: la Justicia ordenará una pericia contable para analizar su patrimonio y el de su entorno familiar una vez que se complete la documentación solicitada.
El estudio, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y con intervención del juez Ariel Lijo, buscará determinar si los ingresos declarados del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, son compatibles con los movimientos económicos registrados. El objetivo central es establecer si hubo un crecimiento patrimonial injustificado.
Según fuentes del expediente, si la pericia detecta inconsistencias, Adorni deberá justificar el origen de los fondos. En caso contrario, podría ser citado a indagatoria.
En las últimas semanas, la causa sumó nuevos elementos, incluyendo gastos en dólares que elevan el monto bajo análisis a más de US$122.000. Entre ellos figuran operaciones inmobiliarias, viajes al exterior y consumos personales.
La Justicia puso especial foco en la compra de propiedades, como un departamento en Caballito por US$230.000 —financiado en gran parte con hipoteca— y una vivienda en un country por US$120.000. También se investigan pagos por refacciones, gastos en vuelos y estadías en destinos como Aruba y Punta del Este, además de movimientos en efectivo.
Estas medidas fueron posibles tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitió acceder a registros de cuentas, consumos y transferencias.
El análisis tomará como referencia el salario que Adorni percibía como vocero presidencial, cercano a los 3 millones de pesos mensuales, para contrastarlo con los egresos detectados.
La pericia contable será determinante para definir el rumbo de la causa, que podría escalar judicialmente en función de sus resultados.
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