El Gobierno espera que en las próximas horas ingresen desembolsos de organismos internacionales para reforzar las reservas y afrontar el próximo pago de deuda con bonistas por US$4385 millones.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, esos recursos se sumarán a los US$3900 millones que el Tesoro ya mantiene depositados en el Banco Central de la República Argentina.
“Habrá exceso de reservas”, aseguró Caputo durante la presentación del programa financiero para los próximos 18 meses.
Cuándo llegarían los fondos
El Gobierno estima que los desembolsos ingresen entre este lunes y el miércoles, antes del vencimiento correspondiente a los bonos soberanos, teniendo en cuenta que el 9 de julio es feriado nacional por el Día de la Independencia.
El pago previsto asciende a:
- US$4385 millones en total.
- US$2691 millones de amortización de capital.
- US$1693 millones de intereses correspondientes a los bonos Bonares y Globales.
El respaldo de organismos internacionales
El esquema contempla garantías otorgadas por organismos multilaterales por un total de US$2550 millones.
Los principales aportes provienen de:
- Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, integrante del Grupo Banco Mundial.
En los últimos días el Gobierno oficializó:
- una garantía del BID por US$550 millones, destinada al programa PROSEJUS, orientado al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia;
- una garantía del BIRF por US$1200 millones, destinada al programa de impulso a la inversión privada y generación de empleo.
La estrategia oficial
Según el Ejecutivo, estas garantías permitirán acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones que las disponibles en el mercado.
Además, el presidente Javier Milei autorizó la posibilidad de tomar préstamos por hasta US$5000 millones con bancos internacionales.
Caputo también volvió a señalar al plan de privatizaciones como una de las principales herramientas para fortalecer las reservas. El Gobierno estima obtener alrededor de US$1400 millones mediante la venta de empresas públicas durante los próximos 18 meses.
Con este esquema, el Ejecutivo busca garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda hasta fines de 2027 y transmitir al mercado que contará con liquidez suficiente para afrontar eventuales episodios de volatilidad financiera.
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