La Federación de Docentes de las Universidades confirmó un paro total de actividades por 24 horas para este viernes en medio de la tensión con el gobierno de Javier Milei por la situación presupuestaria y salarial del sistema universitario.
Desde el gremio reclamaron una convocatoria urgente a paritarias, una recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Según señalaron, los salarios docentes acumulan una fuerte pérdida frente a la inflación y estiman que se necesita una suba del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión.
La medida de fuerza se anunció luego de que estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini decidieran tomar ambos establecimientos como parte de un plan de lucha en defensa de la educación pública.
Las tomas fueron aprobadas en asambleas estudiantiles y, según informaron los alumnos, se mantendrán por tiempo indeterminado, aunque cada jornada se evaluará la continuidad de la protesta.
El reclamo también apunta a la situación salarial de los docentes de los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Desde los centros de estudiantes denunciaron que los salarios quedaron por debajo de los que perciben docentes de escuelas porteñas.
Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, aseguró que los docentes de instituciones preuniversitarias cobran alrededor de un 30% menos que los de escuelas de la Ciudad y consideró que existe un “ataque directo” hacia las universidades públicas.
El conflicto universitario se mantiene abierto desde 2024 y ya generó múltiples movilizaciones federales, clases públicas y jornadas de protesta impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes.
En los últimos días, la UBA volvió a realizar actividades públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar fondos y mejoras salariales.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada en octubre de 2025 luego de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales. Sin embargo, su implementación quedó frenada a la espera de definiciones presupuestarias y de financiamiento.
Además, la disputa llegó a la Justicia: distintos fallos ordenaron aplicar artículos centrales vinculados a salarios y presupuesto universitario, aunque el Estado apeló las resoluciones y el tema continúa judicializado.
Mientras tanto, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto para modificar la normativa vigente. La iniciativa propone cambios en el esquema de actualización presupuestaria y no contempla compensaciones por la pérdida acumulada durante 2024 y 2025.
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