Adorni enfrenta un informe clave en Diputados en medio de la causa por su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para brindar su Informe de Gestión en un contexto político y judicial complejo, marcado por la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario deberá responder cerca de 2.100 preguntas enviadas previamente por legisladores, de las cuales unas 66 están vinculadas directamente a su patrimonio, viajes y la evolución de sus bienes. Además, bloques opositores anticipan que llevarán nuevas consultas durante la sesión.

Adorni llega a esta instancia tras varias semanas sin apariciones públicas y con una estrategia en definición: su equipo evalúa si adoptar un tono confrontativo o moderado frente a un recinto que se prevé hostil.

En paralelo, la causa judicial suma nuevos elementos. En las últimas horas, un testigo declaró que el jefe de Gabinete tendría deudas adicionales no documentadas por unos US$65.000, vinculadas a refacciones de una propiedad. A esto se suman otros compromisos financieros que ya están bajo análisis en la investigación.

El foco de la fiscalía está puesto en determinar si el nivel de vida del funcionario es compatible con sus ingresos declarados, así como el origen de los fondos utilizados en la compra de propiedades y viajes al exterior. También se investigan movimientos en efectivo, cuentas bancarias, billeteras virtuales y posibles operaciones con criptomonedas.

Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei y Karina Milei respaldan a Adorni, y se espera que estén presentes en el Congreso durante la exposición.

El informe incluirá una presentación inicial de 45 minutos, seguida de una ronda de preguntas. No se descarta un clima de alta tensión política, similar a antecedentes recientes en el Congreso, donde funcionarios interrumpieron sus exposiciones ante cruces con legisladores.

Mientras tanto, Adorni busca limitar definiciones sobre su patrimonio, amparándose en la causa en curso y en la declaración jurada que deberá presentar antes del 30 de mayo.

La jornada será clave tanto para la defensa política del funcionario como para el impacto público de una investigación que sigue escalando.