El Gobierno terminó el proyecto por Malvinas y prepara su envío al Congreso

El Gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé enviarlo a la Cámara de Diputados para que comience su tratamiento en el Congreso.

La iniciativa fue cerrada después de varias jornadas de trabajo entre distintas áreas del Ejecutivo y reúne un conjunto de medidas relacionadas con Malvinas, sanciones económicas, seguridad nacional, infraestructura crítica y control del espacio marítimo y aeroespacial.

Sanciones más amplias para quienes operen en Malvinas

Uno de los puntos centrales del proyecto será el endurecimiento del régimen contra empresas y personas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El Gobierno ya inició procedimientos administrativos contra decenas de personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. Según los comunicados oficiales, las investigaciones no alcanzan únicamente a las compañías que participan directamente de los proyectos, sino también a accionistas y proveedores de servicios.

La intención del Ejecutivo es ampliar ese esquema y aumentar las consecuencias económicas y comerciales para quienes participen directa o indirectamente de esas actividades.

El presidente Javier Milei anticipó además que las empresas proveedoras vinculadas con la explotación que Argentina considera ilegal podrían quedar impedidas de contratar tanto con el Estado como con actores privados dentro del país.

Un Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, pensado como un organismo de coordinación entre distintas áreas del Estado.

Según la explicación oficial, el objetivo será integrar las políticas de Defensa, Inteligencia, Cancillería, Seguridad y Economía para responder de manera coordinada ante amenazas que puedan afectar la soberanía o los intereses estratégicos argentinos.

El texto está dividido en aproximadamente seis títulos y no se limita exclusivamente a la cuestión de Malvinas.

Protección de infraestructura estratégica

Otro capítulo establecerá un régimen especial para identificar y proteger infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país.

La iniciativa busca establecer mecanismos de prevención y respuesta ante posibles ataques o interrupciones que afecten servicios o instalaciones estratégicas.

El Gobierno también incorporó un marco específico para fortalecer la protección aeroespacial y marítima, dos áreas consideradas especialmente relevantes en la estrategia vinculada al Atlántico Sur.

El petróleo en Malvinas aceleró la iniciativa

La decisión de avanzar con la nueva legislación se produjo después del progreso del proyecto petrolero Sea Lion, que busca extraer hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino sostiene que esa explotación se realiza sin autorización nacional y considera que afecta recursos naturales sobre los cuales la Argentina reclama derechos soberanos.

El Ejecutivo argumentó que el avance del proyecto petrolero requiere ampliar las herramientas jurídicas disponibles para sancionar a las compañías involucradas y proteger los recursos de la zona.

Una estrategia más amplia por Malvinas

El proyecto forma parte de una serie de medidas que el Gobierno viene anunciando durante septiembre.

Además de los procedimientos sancionatorios, la Casa Rosada dispuso la creación de un sistema dentro de Cancillería destinado a coordinar las acciones de los organismos públicos que puedan tener impacto sobre la política exterior relacionada con Malvinas.

También se anunció la intención de priorizar recursos en el Presupuesto 2027 para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos para la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Con el texto ya finalizado, la discusión pasará ahora al Congreso, donde el oficialismo deberá buscar los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley.