Un “plan platita” exprimido al máximo

Sergio Massa ha exprimido el llamado “plan platita” como nunca antes lo hizo el actual oficialismo, incluso en la época del cierre total de la actividad económica durante la cuarentena por el Covid-19.

Inició su pulsión de otorgar beneficios aquí y allá después de las Primarias de agosto pasado en las que no logró ubicarse como el candidato más votado, que era su plan original. Eso relativizó su entrada al posible balotaje. Todo lo que hizo el ministro de Economía y candidato presidencial en los últimos dos meses estuvo centrado en ese objetivo: puso en juego casi un punto del PBI, cuya inevitable financiación será la emisión monetaria, con una lógica clientelar absolutamente cortoplacista y en algún punto aberrante: Massa salió a comprar votos.

En un país económicamente incendiado se entiende que el festival de beneficios sea aceptado con beneplácito por una ciudadanía que no llega a fin de mes. Pero la eficacia electoral de la osadía de Massa no está clara para ningún encuestador. ¿La gente puede cambiar el voto por ese bono que ahora le ponen en el bolsillo? ¿Aquel que no fue a votar en las PASO concurrirá ahora para respaldar al benefactor que le hace pagar un poco menos de impuestos justo en el decisivo mes de las elecciones? Misterio a develarse en octubre, que hablará mucho más del votante que de Massa.

Ayer, el ministro hizo un nuevo anuncio: un refuerzo de ingresos para trabajadores informales en dos pagos de $47.000, uno en octubre y otro en noviembre. Mes de la primera vuelta, mes del eventual balotaje (sería el 19 de noviembre en caso de que ningún candidato se imponga en las generales).

Fue al filo del límite legal porque a partir de hoy está impedido de hacer ese tipo de promesas que, desde la gestión, puedan inducir al voto. De todos modos, en el “mundo Massa” eso es relativo: para las Primarias regía la misma prohibición y no la respetó.

Después de perder las PASO, Massa ejecutó una devaluación de casi 23 % que le había prometido al Fondo Monetario Internacional en el marco de la renegociación del acuerdo de pago de la deuda contraída por el gobierno anterior. A cambio, el organismo le giró 7.500 millones de dólares como para que llegue a fin de año sin que todo explote.

El ministro/candidato dice ahora que eso fue una “imposición” del FMI. Olvida decir que fue su decisión política aceptarla. Algo que no puso muy contento al kirchnerismo duro (Cristina, Máximo, Axel), que para calmar su desazón por la “rendición” ante Washington y asegurar el trabajo de militancia a la postulación de Massa, que nunca fue el preferido de ese sector, pedía a gritos la apertura del grifo compensatorio. El paroxismo del “plan platita”, digamos.

Así, para maquillar el impacto del salto en el tipo de cambio oficial y su consiguiente traslado a precios, Massa avanzó con la devolución del 21% de las compras con tarjeta de débito, los cambios en el impuesto a las Ganancias, bonos para jubilados, parches a autónomos y algún etcétera más. Billetes que se multiplican sin cesar y por eso mismo van perdiendo su valor a una velocidad que, en cierta forma, licua el objetivo buscado de ganarle a la galopante inflación. A los sumo, la emparda.

El bono para los informales comunicado ayer alcanzará a 2,8 millones de personas, según la versión oficial, y será financiado por un pago anticipado de Ganancias obligado que deberán hacer bancos, fintech y compañías de seguros. Los que, más allá del relato oficial, se han llevado la parte del león durante todo el gobierno del ausente Alberto Fernández.

Lo ideal sería que las administraciones de turno busquen la manera de incluir a esas personas que están afuera del sistema y que, día a día, agigantan la economía en negro de un país que tiene casi la mitad de sus trabajadores en el circuito informal.