El proyecto de ey de Alquileres aprobado esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación ingresó ayer al Senado y comenzaría a ser debatido en un plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda convocado para el próximo miércoles.
La iniciativa que reforma la letra aprobada en 2019 establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.
En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Pero la oposición no la tiene fácil en la Cámara alta, que preside Cristina Kirchner. Es que el kirchnerismo, según trascendió, podría busca condicionar el tratamiento de la reforma de alquileres a la aprobación del pliego que extiende por 5 años el mandato de la juez Ana María Figueroa, que debe decidir en distintas causas que involucran a la vicepresidenta y sus hijos.
Desde Juntos por el Cambio sospechan de “una jugada del oficialismo” para tratar de convencerlos de sesionar y buscar, después de varios intentos, la aprobación de los pliegos judiciales de 75 jueces y fiscales. Lo que sucede es que entre esos candidatos está Figueroa, la camarista que debería intervenir en las causas Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán y que no quiere jubilarse a pesar de la edad.
Volviendo al proyecto de alquileres, hay que recordar que fue aprobado por la Cámara de Diputados el último miércoles por 125 votos aportados por la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción de la Izquierda y de los legisladores libertarios.
La iniciativa, que fue considerada en el marco de una sesión especial que duró cerca de cuatro horas, deja sin efecto la actualización anual de los contratos y el indicador que rige en la actualidad, que es un mix que promedia la evolución del IPC y el índice de variación salarial, que es realizado por el Banco Central.
El proyecto fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FdT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FdT).
La Comisión de Legislación General, que es cabecera en el tratamiento del proyecto, será constituida el miércoles 30 desde las 11 de la mañana. En ese horario se elegirá a sus autoridades y quiénes la conformarán.
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