El juez federal Sebastián Casanello avanza en la elevación a juicio oral de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto a otros dirigentes, acusados de administración fraudulenta contra el Estado y amenazas a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. La Unidad de Información Financiera (UIF) también pidió incluir el delito de lavado de dinero, señalando el uso de empresas truchas y facturas falsas para desviar fondos.
La investigación comprobó que el Polo Obrero y El Resplandor Limitado habrían desviado más de $361 millones hacia empresas apócrifas, como Coxtex y Ediciones e Impresiones, para simular gastos y financiar actividades partidarias. Según la UIF, los fondos terminaron en la imprenta Rumbos, en lo que califican como maniobras de blanqueo de dinero.
El caso sigue en análisis por la fiscalía y la Oficina Anticorrupción, quienes podrían dar luz verde al juicio a finales de diciembre o febrero de 2025. Mientras tanto, Belliboni defiende la legalidad de las transacciones, argumentando que las computadoras adquiridas están certificadas ante escribano y que en su momento la AFIP no identificó a Coxtex como una empresa irregular.
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