El Gobierno de Alberto Fernández transita sus últimos meses envuelto en una crisis que sacude sus cimientos, erosionado por sus propias internas y zamarreado por una crisis económica y social con pocos precedentes. El cachetazo electoral terminó por profundizar ese cuadro.
La reacción oficial frente a los saqueos que se produjeron en varios distritos del Conurbano fue la pintura más acabada de una administración en retirada. Un aroma a fin de ciclo se mezcló con declaraciones polémicas, acusaciones de la vocera oficial con poco o nulo sustento hacia figuras de la oposición y la furia que aquella intervención temeraria despertó en Sergio Massa, el ministro-candidato que lucha para quedar a flote en un escenario electoral por demás complejo para Unión por la Patria.
En el medio, hay un Presidente prácticamente ausente. Que ni siquiera intervino en la campaña electoral y que recién ayer, desde Neuquén y luego de que los argentinos vivieran los tristes recuerdos de la violencia callejera, reaccionara con una apelación a la paz social. Esa es otra de las anomalías del oficialismo en el poder: tiene un mandatario que no pudo ser candidato porque el nivel de aprobación de su gestión es bajísimo.
En medio de esa crítica situación política, las reacciones oficiales frente a los robos en banda -organizados desde celulares – que se produjeron en comercios del Gran Buenos Aires estuvieron enmarcadas en esa lógica.
El Presidente delegó en algunos funcionarios como Aníbal Fernández y Agustín Rossi, la respuesta política frente a la violencia. Esa toma de distancia no le impidió hacer suyas las palabras de la portavoz Gabriela Cerruti, quien directamente acusó a Javier Milei de estar detrás de la organización de la revuelta callejera. No sólo eso: también negó que se estuvieran registrando saqueos en el mismo momento que intendentes del PJ del Gran Buenos Aires advertían sobre la violencia que se estaba registrando en sus distritos.
“Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Milei. No hay tales saqueos: hay rumores de agitación a través de grupos de whatsapp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar”, escribió la portavoz, quye terminó imputada por un fiscal. Casi en forma simultánea, se difundían videos de gente ingresando a negocios para llevarse lo que estaba a mano, desde alimentos a electrodomésticos pasando por indumentaria.
El relato oficial quedó rápido a contramano. La presión de los intendentes para que se redoblara la presencia policial terminó siendo un cachetazo para la línea discursiva del Gobierno. Pocas horas después, Aníbal Fernández terminó saliendo al cruce de Cerruti. “No tenemos datos de quién está detrás”, dijo.
Incluso trascendió que intendentes del Conurbano expresaron su enojo con el Presidente. Lo habrían hecho a través de mensajes de whatsapp. “Le están haciendo la campaña a Milei”, bramó uno de ellos en medio de los dimes y diretes y cuando la situación en la calle alcanzaba alta temperatura y la portavoz del Gobierno se empeñaba en negarla.
Todo este cuadro se registraba mientras Sergio Massa estaba en los Estados Unidos en busca de fondos que le permitan al Gobierno y a su candidatura, llegar con oxígeno a las elecciones de octubre. La aparición de Cerruti, se dice, enfureció al ministro. Cerca de Massa no se podían explicar los motivos por los que la funcionaria salió a denunciar una suerte de conspiración política justo cuando las gestiones que ensayaba Massa requerían justamente mostrar lo contrario: estabilidad. Menos aún cuando intendentes del oficialismo estaban admitiendo saqueos en sus distritos.
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