El recorrido del escándalo por las tarjetas de la Legislatura, que llegó a la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ya analiza la denuncia contra los jueces que liberaron a Juan “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que 20 días atrás cayó detenido mientras extraía dinero en un cajero automático de 7 y 54, con casi 50 tarjetas de débito ajenas y 1.260.000 pesos que pertenecerían a contratos de personal de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber este diario de fuentes judiciales, la presentación penal que el lunes formularon los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talarico y Javier Iguacel contra los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, fue remitida ayer por la Procuración General bonaerense a la oficina de Control Disciplinario del más alto tribunal de la Provincia. Ahora, resta investigar si hay elementos suficientes para iniciar un sumario contra los camaristas que, bajo el argumento de que la detención policial de Rigau fue “irregular”, anularon el caso y le habrían restituido el dinero y las tarjetas al acusado.

En paralelo, interviene el titular de la UFI N°6 de La Plata, Juan Mennucci, quien ya reclamó una copia del caso a la UFI N° 2, que es la que indaga sobre el entramado de corrupción de las tarjetas de débito que tenía Rigau en su poder.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara de Casación Héctor Vogliolo ya hizo reserva ante la Cámara y avisó que va a apelar (tiene 20 días para hacerlo) el fallo que liberó a “Chocolate”.

Mientras, y hasta tanto se revise la polémica decisión, desde la fiscalía a cargo de Betina Lacki se habrían recogido declaraciones de damnificados. Según trascendió, al menos 16 de los 48 dueños de las tarjetas de débito dijeron no saber que estaban contratados en la Legislatura como empleados.

Otros testigos habrían contado que ellos entregaron sus tarjetas para que otros sacaran el dinero y les daban a cambio un recibo por trabajo en blanco, con obra social y aportes, pero solo cobraban una pequeña suma de lo que les depositaban. De acuerdo a lo que trascendió en ámbitos judiciales, el salario promedio era de unos 400.000 pesos al mes y por cada tarjeta “Chocolate” podía sacar $30.000 en cada extracción.

Para avanzar en la línea de responsabilidades, el titular del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, Guillermo Atencio, habría recibido un pedido de autorización de la fiscalía para abrir el teléfono celular del electricista y “puntero”, una “caja de Pandora” de la que podrían emanar mensajes que podrían develar vínculos con la política.

La izquierda y los liberales, los primeros bloques políticos en reaccionar al caso

Al juzgado de Atencio llegó también la solicitud de Poder Ciudadano, un organismo sin fines de lucro que lucha contra la corrupción, para constituirse como querellante particular damnificado y apelar la anulación del caso.

La ONG argumentó que en sus estatutos está la misión de “apoyar e impulsar proyectos o investigaciones tendientes a lograr una mayor transparencia y eficiencia de los procedimientos judiciales y/o administrativos” y que tiene un legítimo interés y “compromiso en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, lo que sin dudas, incide y comprende a la labor judicial”.

“La corrupción no tiene por principio una víctima individualizable, sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas. Bajo esta concepción se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contra cara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación”, concluye el escrito de Poder Ciudadano.

En tanto, desde la UFI Nº 6, indicaron: “Las primeras medidas tienen que ver con determinar qué se puede investigar. Lo que el fiscal no puede hacer es investigar sobre lo que ya se está investigando porque la causa se declararía nula. Lo que sí puede hacer es iniciar una investigación nueva sobre personas que estén vinculadas indirectamente a la causa y no sean investigadas por la UFI N°2”.

La Justicia se apresta a abrir el celular del puntero que podría revelar vínculos políticos

Se aclaró además que el pedido de López Murphy, Iguacel y Talerico para iniciar un jury de enjuiciamiento contra los magistrados que dejaron en libertad a “Chocolate” no le incumbe a la Fiscalía. Pues eso, como se dijo, ya es materia de investigación de la Suprema Corte.

En su presentación, los denunciantes opositores advierten que “es evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos, que se han organizado para defraudar al Estado”, a la par que califican de “aberrante” la anulación de la causa por parte de los camaristas, lo que pondría al descubierto “un posible contubernio con la política, desmoraliza a la policía y para el imaginario popular muestra a la justicia como cómplice”.

Al mismo tiempo, la denuncia señala presuntos vínculos de “Chocolate” Rigau con el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Además, pone la lupa en el presupuesto de 62.152.000.000 pesos de la Legislatura: 36.500.000.000 pesos para las 96 bancas de la Cámara Baja, lo que representa 396.000.000 pesos anuales por diputado; y 25.652.000.000 pesos para 46 senadores, lo que implica algo más de 557.000.000 pesos anuales por escaño.

Tras remarcar que en todo el año el Palacio Legislativo provincial sesionó apenas una vez, el texto opositor exige a la Justicia “investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura, a la luz de la posible comisión de hechos ilícitos y fraudulentos en el manejo del dinero público”.

Reacciones

Por el caso que debiera haber escandalizado a la Legislatura, tanto diputados como senadores mantuvieron un sugestivo y largo silencio que, en parte, se rompió ayer por los extremos: a partir de los comunicados que difundieron la izquierda y los liberales.

Por la Izquierda, el diputado del Partido Obrero, Guillermo Kane, convocó a una olla popular de ñoquis (la pasta con la que se apoda a los empleados públicos que cobran sin trabajar) para este viernes 29, a las 11, en la puerta de la Legislatura. Y en ese marco denunció: “Sólo convocaron a una sesión ordinaria en todo el año. El acuerdo del PJ y JXC no solo permite la corrupción, sino que es funcional al ajuste contra el pueblo”.

Más escueto fue el mensaje del bloque de La Libertad Avanza, que se limitó a expresar su “profunda preocupación” por el caso “Chocolate” y reclamó a la Justicia investigar “para llegar a quienes organizan estas maniobras”.