El oficialismo dio otro paso para cambiar el impuesto a las Ganancias

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores firmó ayer el dictamen de mayoría del proyecto que reforma el impuesto a las Ganancias y es impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El oficialismo ya dejó listo el texto para ser discutido en el recinto, tras un rápido tratamiento en comisión.

La idea de Unión por la Patria es sumar aliados que permitan la aprobación de la norma, que este martes obtuvo media sanción de la Cámara baja.

De hecho, el presidente del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, anticipó que la intención es sancionarlo el jueves que viene.

EL PROYECTO

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27 a 35 por ciento y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

Además, establece que quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos, es decir 15 SMVN al mes.

A partir de los 15 SMVN mensuales se deberá pagar un 27 por ciento sobre el excedente; entre más de 15 y 36 salarios mínimos, se pagará el equivalente a 3,2 SMVM más un 29 por ciento sobre el excedente; entre más de 36 y 60 salarios mínimos, se pagará 10,20 SMVM más un 31 por ciento sobre el excedente; entre más de 60 y 84 salarios mínimos, se pagará 17,64 SMVM más un 33 por ciento sobre el excedente y para más de 84 salarios mínimos, se pagará 25,56 SMVM más un 35 por ciento sobre el excedente.

El proyecto también determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero de ese año, el cual se actualizará el 1 de julio de cada año fiscal.

Las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones en la de Buenos Aires, el mínimo no imponible se incrementará en un 22 por ciento.

“El problema que tenemos es la inflación tremenda”, reconoció Mayans al cerrar la discusión en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El senador por Formosa agregó que el oficialismo “está a favor de los 900 mil trabajadores” y que la rebaja en Ganancias “va a impactar en el consumo”.

No obstante, destacó que “mientras no resolvamos el problema de la deuda externa, no vamos a poder resolver el problema del país”.

En ese sentido, acusó a la oposición de Juntos por el Cambio, que no firmó el dictamen de “no entender el problema” y señaló que el gobierno de Alberto Fernández bajó 14 puntos la relación deuda-PBI desde que asumió y lo llevó al 85 por ciento.

RECHAZO OPOSITOR

Por el contrario, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que compartía que “se desgrave el salario, porque no es Ganancia”, pero advirtió que la bancada opositora votará en contra porque “nadie dice cómo se compensarán estos fondos que son coparticipables”.

“Según los números, se habla de una caída de la recaudación de entre 1,3 y 1,6 billones de pesos. En Chaco, solamente, significa una pérdida de la recaudación de 75 mil millones de pesos”, enumeró.

La oposición sostiene que siel Gobierno no amplía la recaudación, la medida sumará más presión en las cuentas públicas y tendrá un costo fiscal total de hasta $ 2,9 billones (0,83% del PBI) en 2024.

El cálculo representa lo que dejaría de recaudar el Estado nacional (incluyendo las provincias) si se aprueba la iniciativa que empezó a debatirse este martes en la Cámara de Diputados y obtuvo el apoyo del candidato libertario, Javier Milei, luego de que Massa aceptara posponer el debate presupuestario para después de las elecciones.

En ese marco, la OPC proyectó que “para el Tesoro se estima un impacto fiscal en 2024 negativo equivalente a 0,30 por ciento del PIB ($1,05 billones a precios de 2024)”. Para el Poder Judicial, 0,03 por ciento; AFIP, 0,02 por ciento; fondo para Aportes del Tesoro Nacional, 0,01 por ciento; y provincias, 0,48 por ciento. En total, un costo recaudatorio del 0,83 por ciento del PBI.

La iniciativa fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados de la Nación en medio de una fuerte polémica. El jueves próximo podría sancionarse en el Senado y convertirse en ley.

El oficialismo busca tratar el proyecto el jueves en el recinto y convertirlo en ley