La Justicia comenzó a las 11 con el peritaje del teléfono celular de Julio “Chocolate” Rigau, aunque el contenido recién se conocerá después de las elecciones presidenciales. Se trata de los datos del aparato del puntero platense del PJ que tras ser hallado en el cajero de 7 y 54 con 49 tarjetas de débito de presuntos empleados de la Legislatura y más de un millón de pesos, algo que los investigadores consideran clave para desenredar la trama política que se ocultaría detrás del único acusado
La fiscal Betina Lacki había pedido que se realice “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés” para el expediente.
Se trata de un celular marca Samsung, modelo SM-G532M, de color gris. Estaba previsto que se abra el pasado miércoles 11, pero los abogados de Rigau desplegaron una serie de planteos hasta que lograron que el juez Guillermo Atencio lo suspenda y delegue la definición en la Cámara de Apelaciones, la misma que había anulado la investigación del caso. Sin embargo, unas horas después la Cámara de Casación reabrió la investigación y se fijó una nueva fecha.
Por otro lado, también está prevista para hoy la declaración de unos tres testigos, dueños de algunas de las tarjetas con las que detuvieron a “Chocolate”.
Pidieron la nulidad del secuestro del celular de Rigau
Cabe recordar que el martes los abogados de “Chocolate” Rigau insistieron en la nulidad del secuestro del teléfono del puntero, quien está con prisión preventiva. “No hay prueba alguna de que se haya utilizado dicho medio (el teléfono) sólo para cometer delito alguno, sino específicamente que tenga relevancia y vinculación con la utilización de las tarjetas de débito que le fueran secuestradas”, afirmaron en su presentación.
“Chocolate” Rigau, con prisión preventiva, es investigado por la Justicia y el peritaje de su celular que se lleva a cabo este viernes mantiene la expectativa de encontrar vínculos con la política y funcionarios del poder legislativo y ejecutivo.
Los resultados de esta pericia se conocerán después de las elecciones, por lo que no tendrían impacto directo en la votación de este domingo.
La Provincia, querellante en la causa
En tanto, tal como informó EL DIA en su edición impresa de este viernes, el gobierno de Axel Kicillof pidió ayer ser querellante en la causa que investiga a “Chocolate”. La solicitud fue realizada por el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Rodolfo Gómez, ante el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio.
La presentación tuvo lugar al filo de la veda electoral y a horas de que la Justicia perite el celular de Rigau. En su escrito, Gómez argumentó que en este caso “se investigan hechos que, a prima facie, constituirían un perjuicio para la provincia de Buenos Aires” y que, por tanto, habilitan la intervención de la Fiscalía de Estado, un ente que tiene como misión la representación y defensa en juicio de la Provincia, tanto en carácter de demandada como demandante. En otras palabras, su tarea consiste en custodiar los bienes y el patrimonio bonaerense.
Por su parte, el juez Atencio confirmó que hizo lugar al pedido, aunque todavía las partes no fueron notificadas. A partir de esta decisión, el fiscal de Estado podrá acceder como particular damnificado al expediente por “estafas reiteradas” que avanza en la UFI Nº 2, a cargo de Betina Lacki. En el proceso también interviene como particular damnificado la ONG Poder Ciudadano.
Por otro lado, en las últimas horas el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Conte Grand, pidió abrir un juicio político contra los dos camaristas que anularon la causa contra “Chocolate” y habilitaron su liberación. Se trata de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
“La decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”, advierte la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, que ahora deberá sortear a los miembros del jurado.
Y agrega: “La materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación”.
Benavides y Villordo habían anulado la causa contra Rigau argumentando que la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando el acusado fue trasladado a la comisaría. Pero además adujeron que se “violó la privacidad” del puntero que habría recaudado millones de pesos a través de las tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura provincial.
En disidencia, el juez Fernando Mateos aseguró que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, aseveró.
La semana pasada, la Cámara de Casación revocó aquel controvertido fallo y reabrió formalmente la causa.
Entonces, con el caso reactivado y a la espera del peritaje del celular de Rigau, el Procurador bonaerense pidió iniciar un jury contra los camaristas. “La resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”, sostuvo Conte Grand, que solicitó al Jurado de Enjuiciamiento el apartamiento preventivo de los camaristas hasta tanto se sustancie el proceso.
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