La Justicia dio el aval para abrir el celular de Julio “Chocolate” Rigau

El puntero del PJ es el único acusado por el caso de la Legislatura

La apertura del celular de Julio “Chocolate” Rigau tiene fecha, hora y lugar. Sería hoy, a las 8.30, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata. Así lo confirmó ayer el titular del Juzgado de Garantías N°1, Guillermo Atencio, al rechazar los reiterados pedidos de la defensa para no avanzar con medidas de prueba que incluyen indagar en el contenido del teléfono del puntero del PJ apresado (y luego liberado) en un cajero automático del centro de la Ciudad con casi 50 tarjetas de débito ajenas y más de un millón de pesos que pertenecerían a contratos de la Cámara de Diputados provincial. El equipo que hoy analizaría el perito Alejandro Leyes hace temblar a la política bonaerense. Los mensajes, llamadas e imágenes guardados en el móvil de Rigau podrían abrir una verdadera Caja de Pandora de alcances desconocidos.

Eso es lo que los abogados del puntero del peronismo pretendieron evitar. En el texto dirigido al Juzgado de Garantías, la defensa pidió la suspensión de las medidas de prueba requeridas por la fiscalía, al considerarlas “un flagrante alzamiento a la resolución de la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías que afrenta garantías constitucionales”.

Contra ese reclamo, se hizo lugar a la solicitud de la fiscal Betina Lacki, que la semana pasada pidió indagar en la agenda de contactos, los mensajes de WhatsApp y llamadas entrantes y salientes de Rigau. El juez consideró que esas medidas “encuentran sustento en el principio de amplitud probatoria”, por lo que dio aval a continuar con la investigación hasta tanto el Tribunal de Casación defina si reabre la causa o no, tras la apelación por parte del fiscal general, Héctor Vogliolo. La defensa, por su parte, interpuso recurso de apelación al fallo de Atencio.

La causa por presunta “estafa” se inició en la fiscalía de Lacki. La fiscal y el juez Atencio convalidaron la detención de “Chocolate”. Pero menos de dos semanas después, la cámara de Apelaciones, con los votos de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, decidió liberar a Rigau y declarar “nulo” el caso, argumentando que los policías que requisaron al acusado en la noche del sábado 9 de septiembre en los cajeros de 7 y 54 no tenían aval jurídico para detenerlo.

Desde entonces, el expediente quedó en manos de la Cámara de Casación.

Sin esperar a Casación, la fiscal decidió avanzar el miércoles pasado con una batería de medidas de prueba, como abrir el celular Samsung, modelo SM-G532M de color gris, que le secuestraron al puntero político el día de su detención. Al respecto pidió “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés”.

También requirió Lacki informes a la presidencia de la Cámara de Diputados sobre los legajos de los 48 dueños de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, detalle de las tareas que realizaban, de los años de antigüedad y de quién había pedido por sus contrataciones.

La fiscal busca determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibirían 580.000 pesos mensuales y le habrían dado la tarjeta a “Chocolate” para que les cobre el sueldo. Sospecha que se trata de “ñoquis” que estaban anotados como empleados en la Legislatura, cobraban parte del salario o alguien los cobraba por ellos.

También citó a testimonial a los agentes que no llegaron a declarar y, como se mencionó, fijó para hoy a las 8.30 la convocatoria a los peritos para analizar el contenido de un celular que por estas horas hace entrar en pánico a buena parte de la política bonaerense. Es que los mensajes y llamadas de ese teléfono podrían descorrer el velo de la trama política que se oculta tras el único imputado en un caso sobre el que tanto el oficialismo como la oposición guardaron un largo silencio. Ambos bloques tienen representación en el manejo de los recursos de la Cámara que controla un presupuesto de más de 36 mil millones de pesos al año.