Si Argentina fuera un país normal, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cesar en sus funciones a la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, quien se negaba a dejar el cargo pese a que había cumplido los 75 años de edad que establece la Constitución Nacional como tope para ejercer, sólo tendría una mirada jurídica. Pero, dados los antecedentes del caso, es inevitable abordarlo con cierta perspectiva política.
Esa lectura arroja una derrota de la vicepresidenta Cristina Kirchner, porque ella misma hizo de la continuidad forzada de la magistrada una causa personal. Dos veces había fracasado en su intento de lograr el quórum en el Senado para tratar el pliego que le podría haber dado más tiempo a Figueroa en Casación. Es la condición que dice la ley: la única manera que un juez siga por cinco años más en su silla luego de la edad tope, es que su nuevo nombramiento tenga acuerdo de la Cámara alta y el decreto presidencial correspondiente. Figueroa cumplió los 75 el 9 de agosto pasado. No tenía el trámite parlamentario aprobado.
Hace mucho tiempo que Cristina juega una pulseada con la Corte, que ahora la encuentra a escasos meses de dejar el poder. La ubica en ese lote de actores judiciales que integran la supuesta conspiración en su contra conocida como “Lawfare”. El capítulo paradigmático de esa pelea es el juicio político contra los miembros del tribunal que se desarrolla en Diputados, impulsado obviamente por el kirchnerismo duro y que se ha convertido más en un circo que en un trámite institucional serio. Hubo otros, claro. Como el tironeo por la integración del Consejo de la Magistratura.
La Vice sabe que la Cámara baja nunca terminará siendo el acusador formal de los cortesanos porque, salvo sus soldados más fieles en ese ámbito, ni un sólo exponente serio de la clase política se prestará al esperpento. Pero ha dado vía libre al juicio para buscar un efecto erosivo sobre el tribunal, una idea de exposición ante a la opinión pública que nació fallida: está claro que a la gente de a pie, desbordada por los problemas cotidianos como la inflación o la inseguridad, no le interesa el tema. Terminó siendo una gesta para sus militantes.
“Mafiosos”, “verdadero mamarracho indigno”, son algunas de las maneras en que Cristina se ha referido públicamente a la Corte, cuyos miembros adhieren al mutismo frente a esas provocaciones y, a modo de respuesta, prefieren los fallos. Como el de ayer.
No es un secreto que Figueroa está alineada con Cristina. Lo ha dejado claro la propia jueza en ámbitos judiciales no privados y además siempre falló en línea con sus intereses.
Ejemplos: votó para declarar la inconstitucionalidad de la ley del Arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas, después de que ex funcionarios kirchneristas confesaron haber recibido sobornos y varios empresarios admitieron haberlos pagado; falló en favor de la Vice en otra causa que la salpicaba para apartar al fallecido juez Claudio Bonadío; ella misma denunció supuestas presiones del macrismo cuando declaró como testigo en la causa sobre la mentada “Mesa Judicial”, que se abrió a partir de una denuncia del actual oficialismo.
Pero además la jueza había adquirido un carácter simbólico muy fuerte para Cristina en una Sala de la Casación, la número I, que en términos generales no le es afín.
Esa Sala debe votar en dos causas en las que Cristina fue sobreseída en primera instancia sin que siquiera se realizara el juicio oral correspondiente. Una rareza difícil de explicar desde la perspectiva del derecho y por eso la Casación debe intervenir.
Se trata del caso Hotesur-Los Sauces, donde la Vice está acusada de lavado de dinero con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el expediente por la firma del memorándum con Irán, iniciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman bajo la acusación de que se buscó impunidad por el atentado a la AMIA de julio de 1994.
Era vox populi que Figueroa iba a votar para confirmar la absolución de Cristina en ambos casos. De hecho, se supone que ha dejado redactados sus votos pero ahora no serán parte de la sentencia porque dejó de ser jueza.
Los otros dos jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, votarían en el sentido contrario. Si coinciden sin matices podrían sacar la sentencia con solo dos votos, sin llamar a un nuevo tercer juez que cubra la vacante.
¿Por qué?
Ahora bien, si esto se sabe desde hace tiempo y el voto de Figueroa en este contexto no sería determinante, ¿para qué se embanderó Cristina con la defensa de la magistrada buscando firuletes en el Senado, que está paralizado porque la falta de acuerdo con la oposición por este tema traba todo lo demás?
En un artículo reciente, el periodista Joaquín Morales Solá ha sugerido algo que se escucha en Tribunales: que el respaldo a Figueroa es -fue- un mensaje a la cofradía de jueces con simpatías kirchneristas del mundillo judicial, que le han dado una mano en causas que la involucran en menor o mayor grado y a los que podría necesitar en un futuro, con un eventual gobierno nacional de otro color político. Por eso mismo, para la Vice era crucial lograr que junto al pliego de Figueroa el Senado apruebe las nominaciones de otros 70 magistrados que se iban a proponer en el mismo trámite, varios alineados con su pensamiento. Algo que por ahora asoma lejano.
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