La presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni generó repercusiones dentro del Gobierno y abrió un debate interno sobre cómo afrontar la crisis política y judicial que atraviesa el funcionario.
Aunque el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y descarta cambios en su cargo, en distintos sectores de la Casa Rosada reconocen que la defensa pública de Adorni dejó interrogantes y obligará a replantear parte de la estrategia comunicacional oficial.
Según trascendió, el Gobierno considera que las explicaciones brindadas por el funcionario estuvieron enfocadas principalmente en el plano judicial y no tanto en el impacto político o mediático del caso. Esa decisión, admiten en el oficialismo, condicionó la forma en que se comunicó la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa bajo investigación del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes ahora deberán analizar la documentación presentada por el funcionario para justificar el origen de sus bienes.
Pese a la controversia, en Balcarce 50 aseguran que Adorni seguirá en funciones y que no existe ninguna intención de reemplazarlo ni de designar un nuevo vocero presidencial.
Sin embargo, puertas adentro reconocen que el episodio afectó parte de su capital político y obligará a modificar el perfil que venía manteniendo desde el inicio de la gestión.
La idea que analizan en el oficialismo es que Adorni recupere protagonismo en la coordinación de la comunicación gubernamental, pero con un esquema menos confrontativo y con mayor participación de los distintos ministros en la difusión de medidas y reformas.
Según esta visión, el funcionario conservará presencia pública, aunque con un rol más orientado a ordenar mensajes internos y coordinar la comunicación de gestión que a protagonizar enfrentamientos permanentes con la oposición o los medios.
El caso también generó incomodidad dentro del propio gabinete. Algunos funcionarios reconocieron en privado que desconocían parte de los argumentos que posteriormente utilizó Adorni para explicar su patrimonio y señalaron que la estrategia fue elaborada por un grupo reducido de colaboradores cercanos al entorno presidencial.
Otro de los puntos que generó debate interno fueron las diferencias entre declaraciones públicas realizadas por el funcionario en los últimos meses y las explicaciones brindadas recientemente sobre la existencia de ahorros no declarados y posteriores rectificaciones patrimoniales.
Mientras tanto, la Justicia continuará analizando la documentación vinculada a las inversiones en criptomonedas mencionadas por Adorni, así como el origen de los fondos incorporados en las declaraciones rectificativas presentadas ante los organismos de control.
Desde el Gobierno buscan ahora evitar que el tema monopolice la agenda pública. La prioridad oficial es volver a centrar la discusión en los proyectos legislativos que pretende impulsar durante las próximas semanas, entre ellos iniciativas vinculadas a inversiones, desregulación económica, reforma institucional y otros cambios que el Ejecutivo considera prioritarios.
En ese contexto, la estrategia de la Casa Rosada será sostener políticamente a Adorni, limitar las declaraciones sobre la causa y concentrar la atención en la agenda económica y parlamentaria, mientras la investigación judicial sigue su curso.
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