La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo la actualización de salarios docentes, becas y programas de investigación.
El fallo respondió a una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades, y sostuvo que el Ejecutivo no puede suspender la aplicación de una ley vigente mediante un decreto. Los jueces remarcaron que el incumplimiento afecta derechos fundamentales como el acceso a la educación.
El conflicto se originó luego de que el Gobierno promulgara la norma sin asignarle recursos, argumentando falta de financiamiento. Sin embargo, la Justicia ya había intervenido previamente ordenando su cumplimiento.
Desde el sector universitario advierten que la falta de implementación impacta directamente en el funcionamiento del sistema y reclaman un presupuesto acorde para sostener la actividad académica y científica.
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