En el marco de las sesiones extraordinarias de febrero, el Congreso debatirá la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta herramienta funcionaría como un seguro de indemnización para trabajadores del sector privado, financiado con aportes del sistema previsional. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), su costo estimado para 2026 sería de $4,5 billones, es decir, el 0,45% del PBI.
En paralelo, el debate por el Presupuesto 2026 incluyó la discusión sobre las leyes de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, ambas ratificadas por el Congreso pero vetadas por el presidente Javier Milei. A pesar del veto, el Ejecutivo incluyó su derogación dentro del proyecto presupuestario, aunque ese capítulo no fue aprobado. El IARAF señala que el costo conjunto de ambas normas también representa el 0,5% del PBI, cifra similar a la que demandaría el FAL.
Ganancias a empresas: otro frente fiscal
La reforma también contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, que pasaría del 35% al 31,5% y del 30% al 27%, según los tramos. Este recorte representaría una pérdida de $1,9 billones para el fisco (0,22% del PBI).
Doble vara fiscal
Mientras el Gobierno insiste en no aplicar leyes con alto impacto social, como las de universidades y discapacidad, por su supuesto “costo fiscal excesivo”, sí promueve mecanismos como el FAL y beneficios impositivos a empresas, con un impacto similar o incluso mayor sobre las cuentas públicas. Esto plantea una evidente contradicción en las prioridades fiscales del oficialismo, que prioriza herramientas de flexibilización laboral y alivio para el sector privado, pero rechaza medidas vinculadas a derechos sociales.
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