La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio “Chocolate” Rigau en La Plata para detenerlo, pero el puntero del PJ bonaerense que había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio.
“Fueron a detenerlo pero sin allanamiento. Lo ordenó la Fiscalía porque tiene el impulso de la acción penal y denegaron la eximicion de prision”, dijeron fuentes judiciales.
En tanto, voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense agregaron: “Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales”.
Este jueves, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de “Chocolate” Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.
En el marco de la investigación Rigau ya había sido detenido, pero luego la Cámara dijo que todo lo actuado era nulo y recuperó la libertad.
La Casación, posteriormente, revocó el fallo de la Cámara, por lo cual la orden de detención recobró validez y hay que efectivizarla de nuevo.
“Nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo”, detallaron desde la cartera de Seguridad provincial a cargo de Sergio Berni.
En tanto, la fiscal Bettina Lacki deberá establecer una nueva fecha para concretar la demorada apertura del celular Samsung modelo SM-G532M gris de “Chocolate” Rigau, una de las principales medidas de prueba que impulsó.
La fiscal busca averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia.
También determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.
SE REABRIO LA CAUSA “CHOCOLATE” DE LAS TARJETAS EN LA LEGISLATURA
A poco más de una semana para las elecciones presidenciales del 22 de octubre, la causa contra Julio “Chocolate” Rigau dio ayer un sorpresivo vuelco cuando la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el puntero del PJ detenido (y luego liberado) en un cajero automático de La Plata con casi 50 tarjetas de débito ajenas en su poder y más de un millón de pesos que pertenecerían a contratos de la Legislatura provincial. Ahora, el único acusado en este caso podría volver a la cárcel y la Fiscalía quedaría en condiciones de avanzar con varias medidas de prueba. Entre ellas, una que para los investigadores resulta clave a la hora de intentar desenredar la trama política que se ocultaría tras el denunciado: el peritaje de su teléfono celular, algo que la defensa cuestiona.
Esto es porque los jueces de Casación, María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, revocaron, en muy duros términos, la decisión de la Sala de la Cámara de Apelaciones que, con los votos de Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, días atrás admitió un habeas corpus de la defensa y anuló toda la causa. Para Casación, con aquel polémico fallo los magistrados se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.
Por caso Budiño y Mancini advirtieron que los camaristas actuaron “excediendo los límites normativos que determinaban su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción” y reforzaron: “En definitiva, al resolver el habeas corpus presentado por la defensa, la Cámara Departamental actuó por fuera de la competencia que tiene atribuida legalmente y, por tanto, sin jurisdicción”.
Concretamente, para la Casación Penal -el máximo tribunal penal de la provincia, sólo por debajo de la Suprema Corte bonaerense-, los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo resolvieron “por fuera de su jurisdicción”, por lo que beneficiaron a Rigau excediéndose en sus atribuciones, lo que quedó evidenciado en un análisis legal y jurisprudencial.
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