La Cámara Federal porteña resolvió ayer anular todos los procesamientos que se habían dictado en la causa conocida como” mesa judicial” bonaerense, que incluía a funcionarios, empresarios de nuestra ciudad, acusados de “persecución gremial” y “espionaje ilegal”. En el fallo, que tuvo votación dividida, la Sala II de ese tribunal afirmó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba y que no demostró que hubo inteligencia ilegal, ordenando profundizar la investigación.
La causa es también es conocida como “Gestapo antisindical”, en referencia a la frase pronunciada en esa reunión por el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en la que, junto a otros funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia de la AFI, buscaba que empresarios presentaran denuncias hacia representantes sindicales.
los apuntados
Entre quienes habían sido procesados en esta causa, cuya situación judicial fue declarada nula por la Cámara son Villegas, el intendente, Julio Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). Todos ellos estaban acusados del delito de “ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial”.
Ahora se abren interrogantes sobre las consecuencias que este fallo tendría en otras causas, como la que investigaba al exlíder de la Uocra de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, cuyo sobreseimiento tuvo en consideración, precisamente, el fallo de primera instancia de la causa de la “mesa judicial”.
La causa se inició en 2021 en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, cuando la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció allí que había encontrado copias de un video en donde se hablaba de esa reunión en una computadora vieja.
En el fallo en el que se procesaron a los funcionarios mencionados, Kreplak pidió profundizar la investigación a las “autoridades nacionales” que dieron órdenes y a las judiciales por el supuesto armado de casos.
“Se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas” y “la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial”, se señaló el magistrado de primera instancia.
La resolución fue apelada por los imputados y derivada a los tribunales de Comodoro Py para su unificación con otras investigaciones.
LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA
En este contexto, la Sala II de la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de los procesamientos y ordenó profundizar la investigación. El fallo planteó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba, sostuvo que son “difusas y debatibles” las conclusiones sobre la reunión filmada y advirtió que aquel encuentro “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de la persecución política a líderes sindicales, como se estableció inicialmente.
“Nos encontramos entonces en condiciones de volver a afirmar que la resolución es inválida (…) Se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no solo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso,” sostuvieron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Para los jueces, el procesamiento inicial “soslayó” las diferentes denuncias expresadas contra el accionar de los dirigentes de la Uocra que “resultan, cuanto menos, demostrativas de que la situación existente al momento de los hechos aquí investigados superaba los estándares de un mero conflicto gremial y, por el contrario, podría haber presentado notas de ilegalidad”.
Eso, concluyeron, “pone en crisis la afirmación sobre la presunta persecución desplegada contra ‘líderes sindicales’”.
Y sobre la instrucción de primera instancia, detallaron: “Pero eso no es todo. La resolución del juez instructor pasa por alto otra circunstancia de relevancia. En su decisión tuvo por corroborada su hipótesis delictiva a partir de la formulación de las denuncias detalladas, que dieron lugar a la formación de once causas contra Medina y su agrupación gremial. No obstante, se advierte que, en concreto, el a quo (juez) analizó en profundidad solo siete de ellas, omitiendo las restantes, las cuales podrían guardar relación con reclamos genuinos de otros intervinientes,”.
La decisión de la Cámara puede ahora ser apelada, pero plantea interrogantes sobre el expediente que investigaba al Pata Medina. Porque el líder sindical había obtenido su sobreseimiento en la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, luego del que ahora exjuez Alejandro Esmoris considerara que la acusación en su contra fuera consecuencia de un armado instrumentado por la mesa de la “Gestapo”.
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