Lejos de detenerse en Julio “Chocolate” Rigau, la causa por el escándalo de las tarjetas de débito de la Legislatura Bonaerense sigue su curso y empieza a poner la lupa en los actores políticos. Ayer, la fiscal Betina Lacki resolvió imputar y pedir la detención, por “asociación ilícita y defraudación a la administración pública” de Claudio Albini -quien durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense- y de su hijo, Facundo Albini, concejal platense del massismo, recientemente reelecto por la lista del PJ, a quien se sindica como jefe político del puntero justicialista sorprendido “in fraganti”.
Lacki consideraría partícipes necesarios de esos delitos, por lo que también solicitó para ellos la prisión preventiva, a los titulares de las 48 tarjetas de débito con las que fue detenido Rigau, que pasarán de ser testigos a acusados. A todos, el juez Guillermo Atencio les negó el pedido de eximición de prisión. Y ahora deberá resolver si acepta el pedido de la fiscal, según publicó anoche el portal Clarín.
Las imputaciones surgieron diez días después de que la Justicia peritara el teléfono celular del puntero. Entre los mensajes de WhatsApp analizados habría conversaciones con Albini, que a su vez aludirían a su padre como el encargado de dar las indicaciones, según reconstruyeron fuentes al tanto de la investigación. La fiscalía considera “prima facie” que Claudio Albini sería el jefe de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública de manera reiterada con el cobro indebido de fondos de la Legislatura. El fraude al Estado sería de al menos 800 millones de pesos.
El concejal de La Plata, Facundo Albini, iría preso por “asociación ilícita y fraude al Estado”
“Tengo para mí que la decisión respecto del otorgamiento de este beneficio debe supeditarse en el caso a valoración de la modalidad del hecho. En efecto, la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí́ investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, argumentó Atencio al rechazar las eximiciones de prisión de los Albini.
La misma decisión tomó ante la solicitud de los dueños de las tarjetas de débito, supuestos empleados de la Legislatura que pidieron seguir en libertad mientras dure el proceso. Algo que el juez les negó por “el alto monto dinerario defraudado al erario público; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó́ la comisión de actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre co-imputados, teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos; y la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados, así me permiten concluir”.
Hasta ahora, los titulares de los plásticos bancarios habían sido citados a declarar como testigos. Todos, de una forma u otra, omitieron brindar información para determinar el verdadero origen del dinero y algunos dijeron que “en confianza” le habían dado su tarjeta a Rigau para que él les retirara el dinero. Fue en una de esas extracciones en un cajero automático de La Plata, con 48 tarjetas en su poder y más de un millón de pesos que pertencerían a contratos de la Legislatura, que Rigau cayó detenido el pasado 9 de septiembre.
El juez Guillermo Atencio rechazó la eximición de prisión solicitada por todos los imputados
Para no correr la misma suerte que “Chocolate”, pidieron evitar la prisión Álvaro Agra, Amanda Albino, Mabel Alvear, Graciela Anivarro, Diego Berón, Raúl Boragina, Mónica Caberta, Brenda Caro, Marisol Correa, Ernesto Crivaro, Cecilia Ovidio, José Da Ponte, Perla De Micheli, Lourdes Degollada, Cristina Degollada, Rosana Delgado, Flavia Di Rosa, Arturo Falcon Ramírez, Raúl Folone, Mónica Kaberta, Diego Koster, Lucas Lucero, Lilia Malmaceda, Sheila Maroni, Daniel Mederos, Juan Martín Méndez, Rubén Mendívil, Ramiro Pascual, Matías Pecile, Silvia Pérez, Agata Plana, Enzo Plana, Patricio Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Ravetllat, Cristian Rigau, Gerardo Rigau, Aldana Rodríguez Antonio Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Sánchez, Ramón Silva, Ramón Sosa y Ezequiel Tocci.
Pero el juez Atencio les denegó el beneficio por entender que el delito investigado supera “ampliamente los ocho años de prisión” y, por eso, consideró “la extensión del daño causado y las características”.
El magistrado falló en sintonía con la fiscal Lacki, que sospecha que estos empleados legislativos en realidad eran “ñoquis” que no trabajaban y que aceptaban figurar como contratados sin cobrar su sueldo a cambio de tener aportes jubilatorios y obra social. Para los investigadores, esos sueldos serían una vía ilegal para financiar la política.
El puntero del peronismo, Julio “Chocolate” Rigau, era hasta aquí el único acusado
En este contexto, la Fiscalía apunta a determinar el origen del dinero a través de la declaración de los dueños de las tarjetas y, sobre todo, de la pericia al celular de Rigau.
Es que el contenido de ese teléfono podría develar para quién trabajaba el puntero del PJ, quién era su jefe y a quién le daba el dinero que extraía. Trascendió que el peritaje, que se concretó después de varios intentos de la defensa de Rigau por impedirlo, arrojó “mucha información y datos de interés para la investigación”.
A la espera de que la Justicia analice esos resultados, la fiscal Lacki aguarda también la respuesta de la Cámara de Diputados, que preside Federico Otermín, para profundizar sobre el manejo de los contratos en esa repartición. Antes de realizar la pericia ya había reclamado precisiones sobre el proceso de contratación de las 48 personas involucradas y además envió un listado de otras 25 que aparecieron en un cuaderno con anotaciones de Rigau.
Hasta aquí, “Chocolate” era el único acusado y el único detenido.
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