Legislatura: los motivos por los que el celular de “Chocolate” Rigau esquivó la pericia y es “intocable”

El puntero peronista zafó de que le periten el teléfono

El celular de Julio “Chocolate” Rigau permanece intocable y su contenido, inviolable. Ayer, el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, que previamente había avalado la pericia al teléfono del puntero del PJ, resolvió suspender esa medida probatoria tras una nueva apelación de los abogados defensores del hombre detenido (y luego liberado) con casi 50 tarjetas de débito ajenas y más de un millón de pesos que corresponderían a contratos de la Legislatura provincial.

De ese modo, la defensa logró ganar tiempo y, tal vez, patear cualquier decisión hasta después de las elecciones. Ahora, luego del fallo de Atencio, quienes deberán decidir si se someten o no a análisis los mensajes y llamadas de Rigau serán los mismos jueces que dos semanas atrás anularon la causa y dispusieron la libertad del único acusado con el argumento de que el accionar policial había sido incorrecto. Se trata de los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Dos de esos magistrados, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, votaron por cerrar la investigación, lo que les valió las denuncias de los dirigentes de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico.

Por el contrario, Fernando Mateos sostuvo que la Policía había procedido correctamente y fue ese mismo juez el que ayer le reclamó a Atencio que envíe la causa “a la mayor brevedad posible”. Mientras, hasta que no haya una definición de este tribunal de Apelaciones, el teléfono que genera nerviosismo en la política bonaerense quedará bajo resguardo de la fiscal Betina Lacki, quien podrá seguir avanzando sobre el resto de la investigación.

Lacki había retomado el caso la semana pasada, tras la apelación que hizo el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, contra la anulación de la Cámara de Apelaciones. La fiscal consideró que ese recurso suspendía los efectos de aquella polémica sentencia y que por lo tanto la causa podía avanzar hasta la resolución de Casación. Entonces, solicitó una batería de medidas de prueba. Entre ellas, la apertura del celular de “Chocolate”. Pero los abogados defensores del puntero peronista buscaron por todos los medios evitar que se abriera esa Caja de Pandora de alcances desconocidos. Y lo lograron.

Atencio, que en un primer momento había rechazado todos los planteos de la defensa, finalmente accedió al pedido de los abogados de Rigau al caer la noche del martes y el celular, que debía “abrirse” a las 8.30 de ayer, no pudo ser peritado.

En concreto, quienes representan en la Justicia a “Chocolate” pidieron suspender la pericia mientras tramita el recurso de apelación. “Se configura una situación de excepcionalidad que amerita la intervención del órgano jurisdiccional superior, pues la decisión ahora observada violenta garantías de raigambre constitucional y un gravamen de imposible resolución ulterior”, dice la presentación a la que Atencio hizo lugar.

“Es una vergüenza que no se abra el celular. Espero que se resuelva rápido la cuestión procesal, se recaben todas la pruebas y se llegue hasta las últimas consecuencias”, se quejó ayer Iguacel, uno de los denunciantes contra los jueces que anularon el caso.

Es que la suspendida pericia al celular de Rigau podría descorrer el velo de la trama política que se ocultaría tras el único acusado en un caso sobre el que tanto el oficialismo como la oposición han guardado largo silencio.

Junto al peritaje del escurridizo teléfono, la Fiscalía ordenó además que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que el puntero del PJ tenía en su poder. Cuando se frenó la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el próximo miércoles y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre.

Lacki busca determinar de qué trabajaban los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y que le habrían dado sus tarjetas a Rigau para que les cobrara el sueldo.

Además, quiere saber en qué área de la Legislatura se desempeñaban, quién era su jefe o jefes, qué régimen laboral cumplían, a qué hora entraban y salían, ya que sospecha que se trataba de “ñoquis” que estaban anotados como empleados, cobraban parte del sueldo o alguien los cobraba por ellos. Por eso es que la fiscal solicitó también los contratos de cada uno y el legajo del mentado Rigau.