Un informe del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma reveló el impacto del Protocolo Antipiquetes, impulsado por Patricia Bullrich y aplicado por el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. Entre ese mes y octubre de 2025, se registraron 103 represiones estatales en todo el país, con un saldo de 2.615 personas heridas, 491 detenidas y una persona fallecida.
El relevamiento detalla además cinco casos graves de manifestantes que perdieron un ojo por el impacto de proyectiles disparados por fuerzas de seguridad. La CTA calificó el patrón de violencia como “sistemático y orientado a disciplinar la protesta social”.
Detenciones arbitrarias y violaciones constitucionales
El informe también denuncia el uso creciente de detenciones prolongadas ilegales, que exceden el límite de 24 horas establecido por la ley. Se citan casos emblemáticos en Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes fueron privados de su libertad por períodos injustificados, configurando una violación directa a las garantías constitucionales.
La Justicia pone un freno, pero el Gobierno apela
La semana pasada, la Justicia Federal declaró inconstitucional el protocolo, calificándolo como “restrictivo del derecho a la protesta”. No obstante, el Gobierno apeló el fallo para mantenerlo vigente. Desde la CTA Autónoma celebraron el fallo como “un freno legal fundamental” frente a la avanzada represiva y alertaron sobre la continuidad de las luchas sociales que podrían verse afectadas por estas políticas.
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