Ganancias: el kirchnerismo insiste en sumar a los jueces

El oficialismo insinuó ayer que podría volver con una de sus obsesiones históricas: terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y funcionarios del Poder Judicial designados antes de 2017 para que comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias a partir de 2024.

El dato surgió en la reunión de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, reunida para tratar la reforma del Impuesto a las Ganancias impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial del Gobierno, Sergio Massa. El kirchnerismo quiere sacar dictamen el lunes próximo para intentar aprobarla el martes en un tratamiento exprés con el objetivo de usarlo como insumo de campaña. En Juntos por el Cambio ya avisaron que no darán quórum para tratarlo

La idea del Poder Ejecutivo sería incorporar en el proyecto de Presupuesto 2024 una separata con un paquete de propuestas para recuperar el 0,28 % que se perderá en la recaudación impositiva por la eliminación de la cuarta categoría por la decisión de Massa de liberar de ese gravamen a los trabajadores en relación de dependencia que cobran hasta $ 1.770.000.

La pista en relación a los jueces la dio la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini (hija del fallecido ex vicegobernador Alberto Balestrini), cuando recordó que en la propuesta del año pasado fueron sometidas a consideración los gastos tributarios y los beneficios impositivos que existían en la Argentina. La funcionaria, que expuso ayer en el Congreso, apuntó que ese 0,28% que se pierde de la recaudación impositiva por la medida electoralista de Massa “se va a recuperar adicionando, además, otros análisis de otros gastos tributarios”. Como por ejemplo, dijo, lo que se hizo el año pasado cuando se puso a consideración lo de los magistrados en la discusión del Presupuesto 2023. Aquella vez, la idea no pasó el filtro de Diputados.

En efecto, ya el año pasado el kirchnerismo intentó avanzar con el proyecto para que los funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias. “Es un privilegio inaceptable”, advertía aquella vez el oficialismo. Y para argumentar porqué había que cambiar la situación se explicó -lo hizo el diputado Marcelo Casaretto- que la exención de los impuestos a los jueces, tanto nacionales como provinciales, tuvieron un costo fiscal de $ 55.000 millones en 2021 y se elevó a $ 129.000 millones en 2022.

Además de Balestrini, ayer expusieron Carlos Castagneto, titular de la AFIP, y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Por supuesto, para defender el proyecto de Massa sobre la suba del piso de Ganancia para trabajadores en relación de dependencia, lanzado en plena campaña y con un indudable sello electoralista. También estuvo Héctor Daer, titular de la CGT.

En 2016 por una ley del Congreso se dispuso que comenzaran a pagar el impuesto los funcionarios judiciales designados a partir de 2017 porque la retroactividad siempre es factible de ser cuestionada judicialmente. Ya en 2018, también durante la discusión del presupuesto para 2019, volvió a colarse en el debate el reclamo para que paguen Ganancias todos los jueces, pero el kirchnerismo también fracasó en el intento.

Ahora se vuelve a plantear el debate. Hubo pocos diputados de la oposición en la comisión, porque ne general Juntos no quiere valar la medida massista. Los que fueron relativizaron el posible intento del kirchnerismo de volver a insistir con la propuesta. Lo definieron más como pirotecnia elctoral.

Sin embargo, el oficialismo parece decidido a avanzar porque con la reforma del régimen de Ganancias quedaría exceptuados la mayoría de los empleados judiciales actuales ya que sólo alcanzaría a los ingresos más altos del Poder Judicial.

El proyecto que se debate en comisión eleva el mínimo no imponible al equivalente a 15 salarios mínimos, actualmente unos $1.770.000. Pero la propuesta no es universal, ya que excluye a ciertos cargos de alta responsabilidad en empresas (como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y sub gerentes), las pensiones de privilegio y legisladores, entre otros.

Según cálculos del Ministerio de Economía, la medida tendrá un impacto positivo en la actividad económica ya que cerca de 1 billón de pesos se volcarían al consumo interno.