El complejo escenario institucional provocado por el caso Figueroa

La aprobación del nombramiento de la jueza Ana María Figueroa por parte del Senado generó un escenario inédito en la vida institucional argentina que puede provocar un conflicto sin precedentes entre los tres poderes de la república.

La jueza que fue cesada de su cargo en la presidencia de Casación al cumplir 75 años, ahora deberá aguardar la firma del presidente Alberto Fernández para poder reincorporarse y ejercer por otros cinco años más. Pero a pesar de que su pliego fue aprobado por la Cámara Alta el jueves por la noche, el decreto con la firma del mandatario no fue publicado en el Boletín Oficial del viernes. En el momento en el que Fernández apruebe lo sancionado por el Senado, Figueroa podrá presentarse ante el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, a prestar nuevo juramento e intentar retomar su cargo.

De cumplirse esto, en cuanto Ana María Figueroa realice su nuevo juramento la nación vivirá un momento particular en el que coexistirán las medidas contrapuestas de los tres bandos de los poderes: por un lado la decisión de la Corte Suprema de cesarla del cargo al haber llegado a los 75 años y por el otro su nueva designación dispuesta por el Senado y el Ejecutivo.

Pero una de las tantas dudas que surge ante este tironeo entre los tres poderes es: ¿Figueroa podrá volver a jurar y continuar todo como si nada hubiera pasado? Es algo difícil de contestar ya que se ponen en juego muchos otros factores, como nuevas designaciones y votaciones efectuadas luego de que ella dejara su cargo.

Por ejemplo, la propia Cámara ya había designado como presidente al juez Mariano Borinsky en reemplazo de Figueroa, además había decidido que la vocalía de la jueza iba a ser cubierta por el juez Alejandro Slokar. Entonces de volver a jurar como jueza ¿la magistrada ocuparía la presidencia o se mantendría allí a Borinsky quien fue elegido de manera unánime por sus colegas?

Como si le faltaran condimentos extras a esta disputa entre la Justicia y el Ejecutivo, que en esta ocasión se mueve en consonancia con lo sancionado por el Legislativo, es el apremio temporal que moviliza al oficialismo. Es que el próximo martes vence el plazo disponible para apelar contra el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Tanto la ex presidenta como el resto de los involucrados en ambas causas fueron sobreseídos en el año 2021. Pero el 19 de septiembre, con la Figueroa ya cesanteada de su cargo, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron estos sobreseimientos bajo el argumento de que se trataba de fallos arbitrarios y dispusieron la reanudación de los juicios.

Todas estas vertientes confluyen detrás de la designación de la jueza Ana María Figueroa que al parecer, según estimaron los especialistas, de una u otra manera terminará judicializada en lo que será un caso prácticamente sin precedentes en la historia del país.