El caso de la ex jueza Figueroa seguirá en la Magistratura

El caso de la ex jueza Ana María Figueroa sigue en veremos, mientras se aguarda que el presidente Alberto Fernández firme el pliego que garantiza su continuidad aprobado por el Senado en la sesión del jueves, se abren distintos caminos que plantean un hecho inédito en la vida institucional del país.

De firmar el presidente el decreto que promulgue y apruebe la nueva designación de Figueroa, la magistrada podría presentarse la próxima semana en tribunales a intentar retomar su cargo. Pero allí se topará con un obstáculo ineludible su ex puesto en la presidencia de Casación ya está ocupado por el juez Mariano Borinsky, quien tendrá la potestad de ver si la recibe o no.

De no resolverse ahí el tema se trasladará al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de elegir a su sucesor en la Casación Federal. Los consejeros tienen previsto reunirse el próximo miércoles 4 de octubre en un nuevo plenario con temario definido de antemano y aunque el caso de Figueroa no aparece entre los ítems todo hace pensar que de todos modos se pondrá sobre la mesa ya alguno de sus integrantes planteará algo al respecto.

Por el momento en la Magistratura conviven posiciones contrapuestas, mientras algunos de sus miembros buscan sumar la vacante dejada por Figueroa a un concurso ya abierto, otros sostienen fervientemente que la ex jueza es la titular por lo que se debe respetar su lugar. En los últimos días surgió una tercera posición encarnada por algunos consejeros que prefieren esperar a que el tema sea resuelto por Casación y la Corte Suprema.

Como si la situación no tuviera suficientes actores tensando los hilos, en los últimos días se sumó un nuevo organismo a la discusión: el Colegio Público de Abogados porteño. Desde allí le enviaron una carta a los cuatro miembros de la Magistratura que representan los abogados en la que le pidieron que promuevan la apertura del concurso para cubrir la vacante dejada por la ex jueza ya que el pliego aprobado por el Senado fue un “acuerdo tardío” que se hizo cuando Figueroa “ya no estaba en posesión de su cargo” por lo que “amenaza con desatar una innecesaria crisis institucional”.

Por el momento nada es seguro y todo parece indicar que de desoírse la decisión de la Corte, la vida institucional entrará en un terreno pantanoso e inédito para la historia argentina.