Cuánto le costaría al país la expropiación de la empresa estatal petrolera

El edificio central de YPF en puerto madero / Web

La saga por la expropiación del 51% de la petrolera YPF durante el tercer gobierno kirchnerista en el año 2012 sigue sumando facturas a pagar para el Estado Argentino, once años después de la sanción de la Ley que aprobó el pago de U$S5.000 millones a la petrolera española Repsol.

En marzo pasado la jueza neoyorkina Loretta Preska ya había determinado que YPF quedaba liberado de responsabilidades para con los litigantes, pero en el mismo texto aclaró que era el Estado Argentino quién debía pagar daños a Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF. Estos buffetes especializados en adquirir derechos de terceros para llevar adelante litigios supieron aprovechar los cabos sueltos dejados por el proceso de expropiación.

En ese entonces, la magistrada hizo responsable al Estado argentino por avanzar con la decisión de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía petrolera sin haberle hecho una oferta similar a los poseedores de las demás acciones que se verían afectados por esa decisión.

La jueza citó en su fallo los estatutos de YPF del año 1993 y luego concluyó que “la República prometió a los tenedores de valores que les ofrecería una salida si volvía a adquirir el control sobre el número requerido de acciones” y que esa promesa “no se cumplió”.

Con el partido ya perdido, el estudio Sullivan & Cromwell –patrocinante de la Argentina en los tribunales de EEUU– propuso abonar U$S4.920 millones, mientras que el monto máximo que exigen los demandantes alcanza los U$S16.000 millones. Las cifras tienen en cuenta lo que no se abonó en su momento más la tasa de interés desde ese entonces. Hoy Preska les ordenó que negocien.

La fecha que se toma para determinar el valor de las acciones es la clave en la diferencia de valores. Burford, en un comunicado en abril para sus socios, indicó que estima que cobrará unos U$S7.500 millones por su parte de los daños.

La avanzada para la expropiación de la mitad más uno del paquete accionario de la petrolera empezó con la intención de “no pagar un peso” y, negociaciones y ley sancionada por el congreso mediante, terminó siendo una cifra relevante.