El 13 de mayo de 2024, la Justicia argentina inició 27 allanamientos a dirigentes de agrupaciones sociales como el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie, y Frente de Organizaciones en Lucha. Esta medida se tomó tras acusaciones de que estos líderes extorsionaban a beneficiarios de programas sociales, exigiéndoles participar en movilizaciones o entregar parte de los fondos recibidos. Los denunciantes, que se comunicaron a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad, afirmaron que se les amenazaba con la baja de sus beneficios si no cumplían con las demandas.
La operación, liderada por la Policía Federal Argentina, también incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos y documentos relacionados con los planes sociales, buscando evidencias de las extorsiones. La investigación reveló que los fondos extorsionados se canalizaban a través de cooperativas, cuyo destino final permanece desconocido, llevando a la solicitud de levantamiento del secreto fiscal y bancario de los implicados para un análisis más exhaustivo de sus activos financieros.
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